La organización política de Francia, hacia 1789, era monárquica. El rey pretendía que su poder derivaba de Dios, a quien únicamente debía cuenta de sus actos. Sus súbditos no tenían ningún derecho, pero sí el deber de obedecer.
El rey declaraba la guerra y hacía la paz; comandaba los ejércitos; determinaba los gastos y fijaba los impuestos; nombraba y destituía a los funcionarios y dirigía la administración entera. Las provincias eran administradas por los intendentes, con poder omnímodo y arbitrario.
El rey hacía las leyes, que eran la expresión de su voluntad personal, pues si bien debía tener en cuenta las "costumbres fundamentales del reino", tales costumbres eran contradictorias y vagas, y hubiera sido difícil definirlas claramente. Además, el rey dirigía la administración de justicia, pues esta se dictaba en su nombre y por funcionarios que el designaba. Se usaba el tormento para lograr la confesión de los acusados, a quienes se juzgaba en secreto y a los que se aplicaban las penas bárbaras de las marcas con hierros candentes, de la picota, del látigo y de la horca.
La libertad individual estaba amenazada constantemente por la policía, que podía aprender a cualquiera con una simple orden del rey, la "carta sellada". No se daba la causa de la detención porque "tal era la voluntad del rey".
Existía la censura previa y no existía la libertad de consciencia.
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